Una alumna con discapacidad ha sido excluida de la Escuela Oficial de Idiomas en Tenerife porque el centro no está adaptado
MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
Una alumna de la Universidad de La Laguna a punto de graduarse explica en sus redes sociales que ha sido excluida de la Escuela Oficial de Idiomas de Puerto de la Cruz (Tenerife) porque el centro no está adaptado para personas con movilidad reducida.
Alicia Vargas expuso su situación en sus redes sociales y pidió ayuda. «Hoy he recibido una llamada de la Escuela Oficial de Idiomas de Puerto de la Cruz para decirme que voy en silla de ruedas, no puedo matricularme, porque no está adaptada, ¿qué hago, dónde denuncio? Ayúdeme», escribió.
La Cadena SER se hizo eco de este caso y recogió el testimonio personal de Vargas, quien explicó a esta radio que presentó la preinscripción a la Escuela Oficial de Idiomas y recibió un correo comunicándole que tenía su plaza. «Me dispongo a hacer la matrícula, y en el proceso les indico de buenas maneras que soy una persona con una discapacidad del 81%» y «al día siguiente me preguntan qué tipo de discapacidad tengo y me dicen que si es de movilidad, que el centro no dispone de ascensor», contó. «En ese momento me quedé bloqueadísima, no supe ni qué contestarle», comentó la afectada a la Cadena SER.
«Están incumpliendo la Ley General de Discapacidad, el propio centro indica en su web que está adaptada y además, tiene una exención de pago para las personas con discapacidad. Que yo sepa, la movilidad reducida entra dentro de la discapacidad», explicó Alicia Vargas. «Llevo estudiando toda mi vida, estudié Bachillerato y terminé la carrera de Historia del Arte el año pasado en la Universidad de La Laguna. Para terminar el Trabajo Fin de Grado (TFG) y las prácticas necesito el B1 de inglés para que me den el título de la ULL», argumentó para acudir a la Escuela Oficial de Idiomas.
Vargas mostró su malestar al señalar que «no es normal que en un centro de la Consejería de Educación que debería ser para todo el mundo pasen estas cosas, no lo entiendo».
Por su parte, la portavoz de la asociación Queremos Movernos, Ana Mengíbar, reclamó que desaparezcan las barreras arquitectónicas y expuso que, en base a la fecha límite establecida en diciembre de 2017 para que los edificios públicos sea accesibles, «la Consejería de Educación no se puede agarrar a que tenga un centro con barreras para excluir a un alumno con discapacidad, bajo ningún concepto».
En esta línea, avisó de que «negarle a una persona la matrícula por barreras arquitectónicas puede ser casi constitutivo de delito» y propuso como solución un salvaescaleras o modificar el orden de las aulas en la planta baja. «Se pueden hacer muchas cosas con compromiso y voluntad política. La Ley ampara a esta persona, no se le puede negar la matrícula», concluyó la portavoz de Queremos Movernos, según recoge la Cadena SER.
