El Congreso tumbará este jueves una iniciativa de Esquerra para elevar las indemnizaciones por despido improcedente a 45 días

– Unidas Podemos apoyará el texto, mientras el PSOE lo critica y lo tilda de «tuit»

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El Congreso de los Diputados rechazará este jueves una moción de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para elevar las indemnizaciones por despidos improcedentes hasta los 45 días por año trabajado, aunque el texto será apoyado por Unidas Podemos y no por el PSOE, de modo que las fuerzas de la coalición de Gobierno votarán de forma distinta.

La moción llega tras una interpelación la pasada semana a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la que abrió la puerta a modificar la legislación por despido y calificó de «demasiado barato» el despido improcedente para las empresas.

El pasado año, UGT presentó una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el bajo coste del despido en España. Dicha denuncia, que también planteó posteriormente CCOO, fue admitida a trámite y, en casos similares, como el francés, la justicia europea falló en favor de los intereses de los trabajadores planteados por los sindicatos del país galo.

En este contexto, la moción de ERC propone, en una primera fase, recuperar de forma inmediata la indemnización de 45 días por año trabajado para los despidos improcedentes. Se volvería así a la situación previa a las reformas laborales de 2010 (PSOE) y 2012 (PP), donde quedaron estas indemnizaciones en los 33 días.

En una segunda fase, Esquerra insta a que se reforme la legislación en profundidad, con diálogo social con sindicatos y patronal, para que las personas despedidas injustamente puedan recuperar su empleo o puedan ser resarcidas adecuadamente. Asimismo, se debe garantizar el mandato de la Carta Social Europea de que el coste del despido improcedente sea realmente disuasorio para las empresas.

El diputado de Esquerra Jordi Salvador defendió en el debate en el Pleno que las indemnizaciones actuales «no compensan el daño causado a cientos de miles de trabajadores que son despedidos cada año por la cara» y apuntó que en «la mayoría de países de nuestro entorno un despido injustificado está prohibido». A su juicio, las reformas laborales de 2010 y 2012 se hicieron «sin diálogo social» y «contra» los trabajadores, pese a «tres dolorosas huelgas generales».

En su opinión, las posibilidades de éxito de la demanda colectiva de UGT y, posteriormente, de CCOO, son «muy altas», por lo que urgió al Gobierno a no hacer «el ridículo».

Para Salvador, se puede volver «rápido», por real decreto, a la indemnización anterior a 2010 para, posteriormente, iniciar un diálogo social para modificar la legislación en profundidad y que se cumplan los mandatos internacionales.

La diputada del PSOE Mercè Perea proclamó que «España ha cambiado», poniendo en valor los datos de reducción de la temporalidad que se ha conseguido tras la aprobación de la reforma laboral. Además, cargó contra la legislación del mercado de trabajo impulsada por el PP, a la que calificó de «funesta» y con la que muchos ciudadanos «perdieron su futuro» y exigió a los populares que retiren el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral y que hagan así «algo útil» por los trabajadores.

REGATE CORTO

«El acuerdo, la concertación y el pacto es la seña de identidad de los socialistas», agregó la diputada socialista, que criticó que esta moción no es «ni un brindis al sol» sino que «es un tuit» y «regate corto» y eso, para la gente, «es estéril». Lanzó a Esquerra que todavía «chirría su ‘no’ a la reforma laboral» y le dijo que la moción es «un subterfugio para blanquear» aquella legislación.

En cambio, la diputada de Unidas Podemos Aina Vidal resaltó que su formación votaría a favor, aunque precisó que «no es la solución» volver al punto de partida de antes de 2010. Además, aprovechó su intervención para reprochar a Esquerra que no apoyara la última reforma laboral, «que recupera derechos» y ha reducido la «precariedad». Recordó que el Gobierno ha suscrito la Carta Social Europea y los mecanismos necesarios para que, por ejemplo, los sindicatos hayan podido acudir al Comité Europeo de Derechos Sociales.

Con todo, señaló que este es un debate «oportuno», que, no obstante, «no va solo de cuantías» de las indemnizaciones, sino de que se tenga en cuenta el «daño real causado» y evitar que las empresas puedan programar por adelantado la partida que tendrán que destinar para abonar el coste de los despidos improcedentes.

Para Vidal, es difícil cambiar esto con un sistema que recoge indemnizaciones tasadas. «En España sale muy barato despedir. Sale tan barato que a algunos les sale a cuenta utilizar la indemnización por despido improcedente», enfatizó la diputada morada, que animó a avanzar «con ambición» para «que no nos despidan porque les da la gana».

CRÍTICAS DE PP Y VOX

Por su parte, en nombre de la oposición, la diputada del PP Belén Hoyo culpó al Gobierno de la situación económica actual, en la que no se ha recuperado el Producto Interior Bruto (PIB) prepandemia y lamentó que España sea el país en el que más han descendido las rentas de las familias, siendo también el Estado con mayor desempleo de Europa.

Sobre la moción, denunció que la propuesta de Esquerra busca añadir «rigidez» al mercado laboral y pondría «en riesgo» la llegada de los fondos europeos. «Los españoles no quieren cheques ni pagas. Quieren un empleo para conseguir autonomía personal», recriminó.

En paralelo, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe juzgó la moción de «bien traída» y «polémica», pero criticó que «no deja de ser un canto al sol», pues «estamos pendientes de cuál será la decisión» de la justicia europea. «El trabajador deberá recibir siempre lo que sea justo y corresponda. Y a las empresas, garantizarle siempre la defensa de su viabilidad para que se pueda cumplir, precisamente, con lo primero», declaró.

Desde Ciudadanos, la diputada María Vidal acusó a Esquerra de presentar esta moción para tratar de «competir» con el PSOE y Podemos y recomendó «esperar» a que se pronuncie la justicia europea. Con todo, reconoció que el esquema de indemnizaciones español «no es el adecuado, y seguramente así lo reconocerán» los tribunales de la UE.

En la misma línea, el parlamentario del PNV Íñigo Barandiaran se mostró partidario de adoptar decisiones cuando se pronuncie la justicia europea y remarcó que empatizan con la moción, aunque comentó que hay apartados «incongruentes» con los propósitos que persigue.

Desde Bildu, Óscar Matute apoyó la moción, criticando la apuesta por la «precariedad» del PP, Vox y la CEOE, igual que hizo el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), que pidió aprovechar la actual mayoría parlamentaria «para derogar de verdad la reforma laboral del PP».

Por su parte, se pronunciaron contra la moción Foro Asturias y, en clave catalana, el diputado del PDeCat Genís Boadella, quien recordó que está «en manos» de ERC la Consellería de Empresa en la Generalitat y le instó a decir a los pequeños negocios que quiere elevar la indemnización a 45 días por año trabajado el despido.