La Red de Atención a las Adicciones confía en que la Ley del Empleo mejore la inserción laboral «real» de estas personas

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) confía en que el Proyecto de Ley del Empleo salga adelante y mejore la inserción laboral «real» de las personas con adicciones, colectivo considerado de «atención prioritaria» en el artículo 50 del texto legal.

Así lo reclamó este lunes la entidad en un comunicado en el que recordó que es una demanda que lleva realizando «durante años» y que ahora verá la luz «gracias a la incidencia y el trabajo» de la propia organización, que espera que este jueves el proyecto reciba el respaldo del Pleno del Congreso de los Diputados para su posterior remisión al Senado.

En este punto, el presidente de UNAD, Luciano Poyato, recordó que, en ocasiones, las personas con problemas de adicciones se quedan fuera del mercado laboral debido a dicha adicción y juzgó «necesario» que, una vez superado su tratamiento, «puedan volver a insertarse con las mayores facilidades posibles».

A este respecto, puntualizó que la red que preside cuenta con una comisión de intervención sociolaboral integrada por expertos y que, entre sus objetivos, están la labor de «incidencia» para «favorecer» el acceso al empleo de personas con problemas de adicciones, la orientación sociolaboral a través de itinerarios individualizados y la sensibilización para el acceso al empleo o servicios específicos de orientación.

Tras aseverar que este colectivo tiene «graves dificultades de acceso y permanencia» en el mercado de trabajo, no solo por su adicción, sino también por los «estigmas que recaen sobre estas personas», Poyato recalcó la necesidad de «apoyar y de dar prioridad» a este grupo en la nueva ley.

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«Todas las personas tenemos un valor que aportar en la sociedad, unas habilidades o una perspectiva. Si ofrecemos nuevas oportunidades de incorporación a las personas con adicciones, estamos sumando talento y valor a nivel social, además de estar favoreciendo el ejercicio de derechos básicos», sentenció la red, que apeló a la «responsabilidad social» de las empresas para lograrlo.