Gabilondo ve «preocupante» que «cientos» de menores no acompañados en Canarias sigan «a la espera» de que se determine su edad

– Pide más recursos para Las Palmas

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, considera «especialmente preocupante» la situación de «cientos» de menores no acompañados que permanecen en Canarias «a la espera de que la Fiscalía dicte el decreto de determinación de la edad» y reclama más recursos para la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

Así consta en el ‘Informe anual del Defensor del Pueblo 2022’, que la institución presentó este lunes en el Congreso de los Diputados y en el que lamentó que durante 2022 recibió «quejas» según las cuales, a pesar de la existencia de documentación identificativa, en algunos casos «el menor había sido considerado indocumentado y sometido al procedimiento de determinación de la edad».

«En el caso de Canarias, la situación es especialmente preocupante, ya que cientos de menores permanecen a la espera de que la Fiscalía dicte el decreto de determinación de la edad», insistió, para explicar que ha solicitado «ampliación» de la información remitida, en relación con las actuaciones que se realicen para dotar, «con carácter de urgencia», de los medios humanos «necesarios» a la Fiscalía Provincial de Las Palmas con el fin de «agilizar la resolución de la gran cantidad de expedientes de determinación de la edad que se encuentran en curso».

De acuerdo con los datos facilitados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a finales de 2022 eran 2.266 los menores (267 niñas) dados de alta en el citado registro en esa comunidad autónoma. Un número que, según el Defensor, «contrasta con las menos de 800 autorizaciones de residencia que, según datos de la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma de Canarias, han sido expedidas a favor de menores extranjeros no acompañados, que se encuentran bajo la guarda o tutela de la entidad de protección de menores».

En paralelo, subrayó que, ya en 2023, ha recibido «nueva información» del citado organismo, «reconociendo la necesidad de poner fin a esta situación y dando cuenta de las medidas que se han puesto en marcha para solucionarla».

En este contexto, precisó que la Secretaría de Estado de Justicia le comunicó en enero que el Anteproyecto de Ley por la que se regula el procedimiento de evaluación de la edad, está «pendiente» de recibir el dictamen del Consejo de Estado y el informe del Consejo General del Poder Judicial.

En paralelo, le trasladó que la publicación del documento ‘Procedimiento de valoración forense de niños, niñas y adolescentes migrantes sin referentes familiares sobre los que existan dudas sobre su minoría de edad’ mantiene su aprobación «condicionada» por el pleno del Consejo Médico Forense, «a la espera de estudiar su adaptación a lo previsto en el citado anteproyecto».

CÉDULA DE INSCRIPCIÓN

Según su informe de actividad relativo a 2022, otra cuestión que «provoca numerosas quejas» al Defensor también en Canarias se refiere a la denegación de cédula de inscripción a los menores extranjeros no acompañados que no pueden obtener su documentación identificativa durante su minoría de edad.

En este sentido, formuló «sugerencias» tanto a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, como a la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife y advirtió de que esta «irregular actuación», de la que se dio cuenta a la fiscalía, «supone vaciar de contenido los preceptos de la reforma reglamentaria que regulan la tramitación de la autorización de residencia y de la cédula de inscripción de los menores extranjeros no acompañados y de los jóvenes extutelados».

En noviembre de 2022, Gabilondo realizó visitas no anunciadas a la comunidad autónoma canaria y visitó cinco centros de menores, tras lo cual trasladó a las administraciones con competencias en la materia las «principales preocupaciones» detectadas, como es el hecho de que los dispositivos de emergencia de menores extranjeros «en la práctica, están funcionando como centros de protección estables»; la «falta de tramitación» de las autorizaciones de residencia de los menores, que estimó «especialmente urgente» en aquellos casos en los que están «próximos» a cumplir 18 años; la «falta de aplicación de las medidas previstas», tras la entrada en vigor de la reforma del Reglamento de Extranjería, para la documentación de aquellos que han alcanzado la mayoría de edad sin estar documentados, y los «obstáculos» para el acceso al procedimiento de protección internacional así como la presencia de adultos, «con documentación que acredita esta circunstancia», en centros de menores.

Por lo que respecta a la situación en Ceuta con relación a las devoluciones administrativas de menores extranjeros no acompañados, el Defensor del Pueblo formuló un ‘Recordatorio de deberes legales’ al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien respondió indicando que «varios de los procedimientos judiciales iniciados se encuentran aún en curso», puesto que han sido recurridos en casación ante el Tribunal Supremo, y alegando que «carecería de competencia para reponer a los menores extranjeros no acompañados en los derechos que les fueron conculcados», si bien las actuaciones «continúan abiertas».

Con todo, el Defensor juzgó «muy positivo» el «impacto» de la aprobación de la reforma, hace un año, del Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, que modificó el régimen jurídico establecido en el Reglamento de Extranjería desde 2011 para los menores extranjeros no acompañados y los jóvenes extutelados.

En este punto, explicó que se registraron 18.299 solicitudes, de las que se concedieron 14.584 y que se han concedido 6.507 autorizaciones de residencia a menores extranjeros no acompañados, 4.539 de carácter inicial, mientras en el caso de los jóvenes ex tutelados se han concedido 8.347 autorizaciones de residencia. Según datos facilitados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a 31 de diciembre de 2022 se encontraban inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados 11.417 menores, de ellos 1.903 eran niñas, según dicho informe.

Para la institución, el «impacto positivo» de la reforma se aprecia también «con claridad» en el número de altas laborales en el sistema de la Seguridad Social que, según los datos facilitados, «se han multiplicado por tres en los primeros meses de vigencia de la reforma». De este modo, a 30 de junio de 2021 figuraban 2.217 personas de todo el colectivo con al menos un día de alta laboral en Seguridad Social en dicho mes, mientras en noviembre de 2022 la cifra «se había multiplicado hasta 7.306».

Por otra parte, el Defensor valoró que la exigencia a los jóvenes extutelados de un certificado actualizado del padrón para poder recoger las tarjetas de identidad de extranjero «se ha solucionado en 2022», al entender que dicho requisito «era de imposible cumplimiento para un buen número de ellos», o bien «se demoraba tanto» que al momento de recoger la tarjeta «no se la expedían, con el argumento de que el plazo de validez restante era inferior a seis meses».

Por ello, el Defensor del Pueblo formuló una Recomendación a la Dirección General de la Policía y, tras su aceptación, dicho organismo comunicó que se había incluido en el ‘Manual de Expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero’, de julio de 2022, la exención de aportar empadronamiento a estos jóvenes, registrando el domicilio consignado en la solicitud.

Junto a ello, teniendo en cuenta las quejas recibidas por esta institución relacionadas con la falta de mención en las tarjetas de la autorización para trabajar a partir de los 16 años, la Dirección General de la Policía incluyó también una «referencia expresa» en dicho manual. «Asimismo, en aquellos casos en los que se detecte la incidencia de que, en tarjetas en vigor, no conste la citada mención, se han dado instrucciones para que se proceda a su sustitución por otra en la que figure la leyenda correcta», sentenció Gabilondo en su informe.