La CNSE confía en que la nueva Ley de Comunicación Audiovisual garantice la calidad de la lengua de signos y el subtitulado en las televisiones

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) aplaudió que la recién promulgada Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 13/2022 de 7 de julio) contemple, por primera vez, medidas a favor de la calidad de la lengua de signos y el subtitulado en la programación televisiva, «y apoye que la CNSE, como entidad representativa de las personas sordas, pueda ser consultada por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a fin de alcanzar la accesibilidad universal, y que el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) y el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) sean los centros estatales técnicos de referencia en materia de accesibilidad audiovisual».

Una reivindicación, la de que las cadenas públicas y privadas controlen la calidad lingüística y técnica de sus emisiones signadas y subtituladas, largamente perseguida por la Confederación.

«Actualmente, el subtitulado de las televisiones no garantiza el acceso a los contenidos de manera literal y está lleno de imprecisiones, y en lo que respecta a la emisión en lengua de signos española y lengua de signos catalana, siguen primando criterios económicos frente a criterios de excelencia y profesionalidad en el uso de la lengua», manifestó su presidente, Roberto Suárez. «Tenemos que conseguir que calidad y accesibilidad vayan de la mano «.

Otra obligación a la que apunta la nueva norma es la de subtitular el 90% de la programación e incorporar un mínimo de 15 horas semanales en lengua de signos en las televisiones públicas, y alcanzar un 80% de subtitulado y un mínimo de 5 horas en las televisiones privadas. Un incremento que, sin embargo, se encuentra muy alejado del 100% de programación accesible que reclama la CNSE: «Dada la evolución del mercado audiovisual y el proceso de implantación de la tecnología digital, nada impediría que la totalidad de los contenidos televisivos se desarrollen incluyendo estas medidas», recordó Suárez.

Algo muy elogiado por la Confederación es que la Ley 13/2022 incida en que la lengua de signos y el subtitulado se tengan en cuenta en contenidos prioritariamente emitidos en el horario de máxima audiencia, que se incorporen entre otros en espacios informativos de actualidad y en la programación infantil, y que se garanticen en informaciones relativas a situaciones de emergencia, catástrofes naturales y crisis de salud pública a través de los servicios de comunicación audiovisual correspondientes.

Asimismo, la entidad valoró positivamente que los servicios de comunicación audiovisual sonoros incorporen gradualmente herramientas de accesibilidad en sus programas ofrecidos mediante catálogos, y que los servicios de acceso a la televisión a través de páginas web, sus contenidos, y las aplicaciones para dispositivos móviles hagan lo propio, si bien, requiere a las cadenas que vayan más allá de las obligaciones que dicta la ley.

«Queremos que los programas signados y subtitulados en su emisión por televisión lo estén también en su emisión por Internet». Y es que el principal problema, según afirmó el presidente de la CNSE, es que la legislación es demasiado laxa: «Se propone mucho y se exige poco».

En este sentido, insta a la Administración al establecimiento de un régimen sancionador efectivo que impida que las cadenas incumplan o ‘cumplan a medias’ imperativos legales que deberían estar más que asumidos: «Hay que acabar con las malas praxis que repercuten de forma negativa en las personas sordas».

Para finalizar, Roberto Suárez recordó que además de un derecho que ampara la Ley 27/2007, la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad y la propia Constitución Española, «el acceso a la información es una cuestión de necesidad y de dignidad humana», y aseguró que el movimiento asociativo CNSE, se mantendrá vigilante para que tanto las medidas a favor de la accesibilidad a la información y la comunicación, como de la comunidad lingüística de personas usuarias de las lenguas de signos españolas, «avancen y sean garantes de equidad y no discriminación para este colectivo».