La Ley de Propiedad Intelectual, aprobada solo con los votos del PP

El Congreso ha aprobado hoy definitivamente la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que entrará en vigor en enero de 2015. La votación, que contó con el del solo Partido Popular, pone un punto y aparte en un proceso que aún sigue abierto: el propio Gobierno reconoció que esta reforma es parcial, prometiendo una modificación más profunda y completa dentro de un año. Aún así, la ley introduce novedades de cierto calado como la llamada tasa Google o sanciones de hasta 600.000 euros para las páginas que enlacen a contenidos piratas. Y muy relevantes también han sido las críticas que el texto ha recibido a lo largo de toda su tramitación y aprobación, del Consejo de Estado a los peros del Supremo, de las entidades de gestión a los partidos de oposición.

De ahí que, una vez más, el Partido Popular haya necesitado aprovechar su mayoría absoluta para sacar adelante la ley. El resultado final reza: 172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones. Así lo habían dejado claro al fin y al cabo los diputados de la oposición que, uno tras otro, explicaron por qué sus grupos se opondrían a la LPI. Y así ocurrió en el anterior paso del texto por el Congreso, en julio en la Comisión de Cultura, donde solo hubo acuerdo sobre nueve enmiendas transaccionales y los populares votaron en solitario. La misma escena se repitió en el Senado: voto a favor del PP y contrario de todos los demás partidos. De hecho, las únicas enmiendas aprobadas fueron precisamente las propuestas por los populares. No obstante, a lo largo de todo el proceso el PP ha venido defendiendo que buscaría un consenso más amplio y que la puerta para negociar siempre estaba abierta.

En el debate de esta mañana, ante la mirada del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, la ley ha sido tachada de “chapuza y desastre” por la Izquierda Plural, de “oportunidad perdida” por CiU y José Andrés Torre Mora, del PSOE, ha echado en falta un Libro Blanco que ofreciera más información sobre el sector. “Ningún barco tiene buenos vientos cuando no sabe a qué puerto se dirige”, ha dicho el portavoz socialista citando a Séneca. Con una referencia a Chaves Nogales ha contestado en cambio Juan Ruano Gómez, del PP: “A las persona se las juzga o bien por sus palabras o bien por sus hechos. El Grupo Popular puede decir alto y claro: ‘Dicho y hecho”. A continuación, Ruano Gómez ha detallado los ocho objetivos de la LPI (protección de los creadores, control de las entidades de gestión, límite al concepto de copia privada, entre ellos) y ha concluido la exposición de cada uno de ellos con: “Dicho y hecho”.

Cuando entre en vigor, la ley traerá una serie de novedades con las que el Ejecutivo espera reducir la piratería, mejorar control y transparencia de las entidades de gestión de los derechos de autor, así como obligar a los agregadores de noticias como Google News a compensar a los medios de comunicación por publicar fragmentos de sus artículos.

Ante todo, la nueva LPI amplía la caza contra los piratas: además de las páginas de descargas (aquellas que proporcionan contenidos que violan el copyright), se castigan también las de enlaces: “Las que facilitan la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización”, según el texto. La ley prevé tener en cuenta la audiencia y la cantidad de contenidos no autorizados a la hora de actuar contra una web; además, simplifica el proceso de notificación –con haber recibido un correo electrónico el responsable de la página se considera avisado- y eleva las multas para las webs que reiteren dos o más veces sus infracciones: la mínima sube hasta 150.000 euros y la máxima hasta 600.000. Finalmente, el texto incluye la posibilidad de pedir a anunciantes, servicios de alojamiento online y de pago remoto que interrumpan su colaboración con la página considerada pirata.

La reforma también lanza la tasa Google o canon AEDE, caballo de batalla histórico de la Asociación de los Editores de Diarios Españoles. En realidad, la medida no afecta en ningún caso a buscadores como Google, que, en cualquier caso expresó en un comunicado su “decepción” por la ley. Se refiere más bien a los agregadores de noticias, como Google News, que tendrán que pagar una “compensación equitativa” a los editores por reproducir “fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento”.

La normativa ha suscitado un enorme debate así como quejas que van desde la oposición hasta las asociaciones de Internautas, pasando por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Las críticas se refieren a la ambigüedad del texto -¿qué es un “fragmento no significativo”? ¿Y “una web con finalidad informativa”?- y a las dudas sobre quién tendrá que pagar: más allá de los agregadores de noticias, parece que redes sociales como Facebook o Twitter no quedarían incluidas en la normativa. El PSOE también pidió en vano en sus enmiendas que la compensación beneficiara a los autores de las noticias y no solo a los medios y sus editores, y que el derecho a recibir este pago no fuera “irrenunciable”, como establece la ley, sino que dependiera de la voluntad de cada medio.

Finalmente, la LPI ratifica la compensación por copia privada, el nuevo sistema con cargos a los presupuestos del Estado que vino a enterrar el canon digital. La ley reduce el concepto de copias privadas (queda excluido, por ejemplo, el streaming) así como la recaudación que por ellas cobran las entidades de gestión: de 115 millones a unos cinco. Aparte de las quejas de las propias entidades, que han organizado decenas de actos contra la LPI, la medida ha suscitado las dudas del Supremo, que preguntó al Tribunal de Justicia de la UE si la normativa es coherente con las directivas europeas.

A la espera de la respuesta de Bruselas, la LPI también introduce mecanismos que aumentan la transparencia de las entidades de gestión, tras el escándalo de corrupción que afectó a la SGAE en 2011. Y establece mayores controles sobre sus tarifas, que los usuarios de derechos (radios, televisiones, universidades, bares, hoteles, etc.) consideran abusivas. El texto también regula el derecho de cita en el mundo académico: en la teoría, la medida limita el uso de la obra de un creador con finalidades de enseñanza e investigación, pero en la práctica obligará por ejemplo a las universidades o a las bibliotecas a pagar un canon por el uso o préstamo de libros.

Enlace a la noticia: elpais.com/cultura/2014/10/30/actualidad/1414657007_768641.html

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